Nuestro diputado no ha incurrido en ninguna falta al código de ética, así lo ha afirmado la dirección de Unidos Podemos refiriéndose al diputado por Jaén, Diego Cañamero, por lo tanto no está contemplado solicitar que abandone su cargo.

Sobre Cañamero, el Supremo ha procedido a abrir una causa debido a delitos de resistencia a la autoridad en el 2013 y también de coacción a propósito de una huelga que se realizó para entonces en El Coronil.

Resulta que para el liderazgo del  partido el caso está vinculado a lo que se entiende como “Lucha Social” y esta no está recogido en su código conductual, por consiguiente no estaría obligado a renunciar bien si está investigado o si es imputado.

Ahora bien, los delitos que si están contemplados para la dimisión, así como a las candidaturas para optar por cualquier cargo, son los económicos, de corrupción, violencia masculina, acoso sexual, maltrato infantil, pedofilia, violación de derechos de trabajadores, urbanísticos y ecológicos, los cuales en caso de comprobarse, ya hay un compromiso establecido por los miembros de la formación política que les obliga a renunciar.

El Supremo investiga al diputado de Podemos Cañamero por ocupar una finca

Mantienen firma su posición de defender la actuación del diputado Cañamero, quien a su vez accionó en reivindicación del derecho a huelga de forma pacífica y dentro de los parámetros de la legalidad, esto bajo ningún concepto debe criminalizarse, ahora bien, la lucha contra la corrupción es otra cosa, ahí si no habrá margen para flexibilizaciones.

Cañamero por su parte apuesta a que el expediente sea desestimado y archivado por el máximo tribunal, en virtud del carácter sindical de las acciones que durante 72 días se llevaron a cabo entre denuncias, asambleas y piquetes.

Así mismo el diputado hizo una retrospectiva de los hechos que hoy le han llevado donde está, originado por una petición de reenganche de unos trabajadores del servicio de recogida de basura.

Como parte del mecanismo de presión fueron a huelga en el mes de Noviembre del 2013; el sindicato por su parte puso en cuestionamiento la claridad de los servicios mínimos que tuvo a bien fijar para entonces la Junta Andaluza y para así poder mantener la recogida.

A falta de las aclaraciones oportunas por parte de la Junta de cuáles eran los servicios a prestar a la población, estos terminaron siendo interrumpidos por un piquete, se produjeron las correspondientes denuncias que han terminado ahora en el máximo tribunal y por lo cual hoy está siendo señalado.

El diputado insiste en restarle importancia porque esto ocurrió en el marco de una huelga convocada y desarrollada dentro de la legalidad, por lo tanto ese expediente debe ser archivado.