Al parecer el acuerdo logrado entre el gobierno de Manuela Carmena y cuatro organizaciones sindicales con miras a homologar condiciones laborales, incumple La ley de Presupuestos Generales del Estado, según la denuncia de la delegada de Gobierno Concepción Dancausa.

El auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, obligó al equipo de Carmena a suspender el acuerdo mediante el que personal funcionario y laboral tendrían las mismas condiciones de trabajo y ha puesto en la mira a Dancausa para quien han solicitado una moción urgente, para reprobar las actuaciones de la delegada consideradas en desfavor de las condiciones laborales de los empleados públicos.

Esto se llevaría a cabo en el próximo Pleno del Consistorio; la moción presentada por Rita Maestre quien la sustenta sobre la base de los constantes acciones que ha emprendido Dancausa para impedir que se lleven a cabo las mejoras de condiciones laborales de los trabajadores del municipio, lo que considera ataques directos en contra de estos.

Para Maestre, la Delegada de Gobierno mantiene una conducta en contra de la ciudad de Madrid que es la desconsolada directa de las actuaciones que esta ha impulsado, esta última ha ido en contra de los acuerdos entre ayuntamiento y sindicatos e inmiscuyéndose y truncando la negociación colectiva en perjuicio de 4.200 empleados.

La oficina Antifraude de Carmena ha sido anulada

Portavoces de la Delegación de Gobierno defienden la posición señalando que las actuaciones obedecen al cumplimiento de las funciones que se les atribuyen de hacer que la ley se cumpla, por lo tanto, no se justifica la solicitud de reprobación a Dancausa, dado que no han incurrido en ningún acto de carácter discriminatorio o algo parecido.

Destacan que su comportamiento esta tan apegado al derecho y es tan equilibrado que hay evidencia de cantidad de requerimientos que desde la Delegación de Gobierno se han interpuesto a otros Ayuntamientos,  que es imposible interpretar que hay algún trato distinto hacia Madrid, claro está si estos han atendido los requerimientos han evitado que lleguemos a los recursos, lo cual no sucede cuando se trata de Madrid.

Ahora Madrid reitera la necesidad de respetar la autonomía local y sindical, mientras tanto mantienen negociaciones con los sindicatos en pro de mejorar las condiciones de la plantilla menos favorecida.

El auto del TSJM señala que el acuerdo suspendido resultaría muy perjudicial para los intereses del estado, dado que entre otras cosas la homologación coloca la masa salarial un 1% por encima de lo que admite la ley de presupuestos del estado.

Para Maestre son muy graves y carentes de responsabilidad los argumentos dados por Dancausa y recordó como la Delegación de Gobierno ha actuado en desfavor de otros acuerdos antes alcanzados en favor de los empleados públicos.