Tras casi un año en el proceso de investigación y sin indicios que apoyaran lo que el grupo de temporeras denunció, la Juez de la Palma da por cerrado el caso y presume que hubo falsas acusaciones.

Si hubo algún caso de violación y explotación por parte del patrón de la Fresa de Huelva, no se encontró ninguna evidencia, ni la mínima de hecho y por tanto la Juez ha concluido que todos los casos que fueron denunciados el pasado mes de agosto no existieron. Entre tanto las diligencias han sido debidamente archivadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1.

Para entonces un empresario agrícola de Almonte fue señalado por doce de sus trabajadoras de origen marroquí, quienes aludieron vejaciones y explotación, sin embargo todos estos meses de investigación del caso fueron enfriando un caso que en principio causó bastante revuelo en la opinión pública.

De hecho el sector fresero se vio bastante afectado por tales acusaciones, personajes como Rosa Aguilar no dudaron en fijar posición y brindar apoyo a las temporeras, incluso a instancias judiciales de ser el caso. También hubo coberturas importantes en diversos medios de comunicación de Europa, elevando el interés y dando importancia al caso.

El expediente cayó en las manos del Juez Santiago Pedraza, una vez en la Audiencia Nacional, desde allí el mismo gestiono el caso hacia otras instancias como la Asociación de Usuarios de la  Administración de Justicia y hacia los juzgados de La Palma del Condado 1 y 3, en todas estas las denuncias fueron investigadas sin excepción y sin resultados que soportaran la veracidad de estas.

Esto trajo como consecuencia que a las actuaciones de la última denuncia se les dictara un sobreseimiento provisional en virtud de que pese a las diligencias e investigaciones pertinentes no se encontraron indicios de ningún delito, destacando el hecho de que ni el  trabajo investigativo de la Guardia Civil y tampoco el de la Inspección del Trabajo determino irregularidad alguna, de las que el grupo de trabajadoras denunció.

Por su parte el empresario durante su declaración del pasado 10 de octubre, sostuvo que tales irregularidades nunca sucedieron y que las condiciones de trabajo de todas las temporeras son legales.

De hecho se pudo evidenciar que el grupo de denunciantes si fueron dadas de altas en la Seguridad Social de manera oportuna, también se constató que las condiciones de contratación se cumplieron cabalmente por parte del patrono.

Sin evidencias de trato vejatorio, con condiciones de alojamiento dentro de lo requerido de acuerdo a las inspecciones realizadas, con el testimonio de un buen número de temporeras por medio del que desmentían lo dicho por las denunciantes y con la mayoría de las trabajadoras con posición favorable hacia la empresa, el testimonio y videos aportados resultaron insuficientes para continuar con el expediente abierto.