Se iniciaron las gestiones para externalizar el Servicio de Orientación Jurídica municipal por parte del Ayuntamiento de Madrid, un fallo adoptado por el Gobierno de Manuela Carmena a pesar de que el Colegio de Abogados se había opuesto. Este es un servicio de asesoramiento legal ofrecido a los usuarios más sensibles.

El PSOE y los abogados del Turno de Oficio le atribuyen a la ex regidora Manuela Carmena haber privatizado el servicio público. Marta Higueras, una de las portavoces de Mas Madrid afirma que el servicio continuará siendo gratuito.

El convenio de licitación para la “orientación jurídica a los usuarios de los Centros de Servicios Sociales y los Centros Municipales de Mayores“, tiene un coste anual de €249.000 euros y con una prórroga de hasta cinco años, siendo la cifra presupuestada de €1,2 millones de euros.

Este servicio lo facilitaba el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) desde 1989, por medio de letrados anexos al Turno de Oficio. De hecho, en julio pasado el ICAM había presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que fue desechado. Aunque el ICAM acudió al contencioso-administrativo solicitando la interrupción cautelar del concurso público.

Marta Higueras afirma que la UE obligaba a una convocatoria de concursos. “El Ayuntamiento ya no podía suscribir convenios de subvención, sino que licitaba contratos de servicios”. “El ICAM se presentaba a la licitación, pero después declinó hacerlo y le correspondió al Colegio hablar con los expertos que prestaban el servicio”.

Niega las denuncias del PSOE y los letrados: “Carmena no privatizó ningún servicio gratuito. Ni suspendió el Servicio de Orientación Jurídica. “La ciudadanía continuará disfrutando del  servicio, sólo cambia quien lo ofrecerá”.

El Grupo Municipal del PSOE socio de Carmena no piensa igual, al considerar que será privatizado un servicio dedicado “a los más necesitados”. Mercedes González portavoz del PSOE quien estuvo en la protesta de los abogados frente al Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, piensa que hay intereses ocultos.

Anualmente cerca de 9.000 madrileños usan el servicio de orientación jurídica y los abogados de Altodo no creen que sea gran asistencia. “Una empresa debe contar con la imparcialidad del Colegio de Abogados, y llevarlo a concurso estimula sus contextos económicos, más no su formación”, explica la vicepresidenta de Altodo Virginia de la Cruz.

El Servicio de Orientación Jurídica era apoyado por 37 abogados del ICAM en todos los distritos durante cuatro horas semanales para grupos de 20 personas.

El nuevo Ayuntamiento de Madrid administrado en coalición por Cs y PP mantendrá el concurso. Pepe Aniorte delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, aseguró que el único cambio radica en que anteriormente era una subvención nominativa y ahora se hará un contrato.