La reacción del gobierno ante la engañosa decisión de proclamar la independencia, inmediatamente suspendida, devolvió el balón a la cancha de Carles Puigdemont y abrió una ventana de inesperada y positiva oportunidad para España.

La petición del Gobierno español a la Generalitat obliga al Gobierno a hacer una declaración clara sobre esta supuesta declaración de independencia, que ni siquiera ha sido sometida a votación parlamentaria. Y también le da la oportunidad de detenerse en el lado de la legalidad, de renunciar a las maniobras de desconexión y de dar el paso decisivo demostrando que su aclamado deseo de diálogo es más que propaganda.

De lo contrario, quedará claro que la oferta del gobierno ha dejado a los independentistas sin discurso y que su propuesta de diálogo sólo ha permitido negociar bajo chantaje, en cuyo caso la intervención parcial y gradual de la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución sería la vía más oportuna para proceder y en esta etapa, el mejor servicio que se puede hacer para proteger a las instituciones catalanas maltratadas.

El único diálogo y mediación posibles es el que tiene lugar en el marco del Estado de Derecho y del Parlamento, un marco exclusivo en el que los conflictos se resuelven en una democracia europea.

engañosa decisión de proclamar la independencia

Tres partidos políticos juntos para coordinar por primera vez una tarea estatal

El acuerdo alcanzado por el Presidente del Gobierno con el Partido Socialista y al que se han sumado Ciudadanos, incluye una comisión parlamentaria encargada de modernizar y reformar la Constitución, ofreciendo a Puigdemont un feliz resultado si realmente quiere dialogar a favor de las reivindicaciones de mayor autonomía para Cataluña.

La seguridad de los ciudadanos es un elemento fundamental en esta situación confusa, ya que más que la política o la economía, es una condición para la estabilidad y el bienestar. Por lo tanto, es esencial que todos los órganos e instituciones dedicados a su garantía puedan hacerlo.

Si el papel de los Mossos d’ Escuadra como fuerza policial y judicial plena se ve cuestionado por la probada predisposición de la Generalitat a utilizarlos como policía al servicio de un caso, es el Gobierno quien debe garantizar estas funciones. Podría y quizás debería, hacerlo sin esperar a que se pongan en práctica el 155. Sin embargo y en cualquier caso, este artículo de la Constitución dejará a las autoridades públicas con recursos suficientes para restablecer la tan necesaria estabilidad jurídica y social.

Puigdemont todavía puede impedir esta intervención estatal que, aunque deseable, es indudablemente un trauma que sería mejor evitar. Puigdemont sólo tiene una cosa que hacer, la de poner fin a esta loca aventura en la que embarcó a los ciudadanos, muchos de los cuales fueron falsamente engañados.