Una polémica ha surgido en las instituciones públicas ante una virtual instrumentalización para favorecer al PSOE.

Funcionarios deberán elaborar textos políticos a solicitud del Ministerio de Exteriores para el Grupo Parlamentario Socialista. Según los directores generales de dicho ministerio, Josep Borrell y su equipo demandaron dos órdenes distintas, una para el Senado la redacción de mociones, mientras que para el Congreso las proposiciones no de ley (PNL).

Los textos después serían enviados a la oficina de asesoría parlamentaria del PSOE, siendo supervisados por Camilo Villarino, director de Gabinete de Borrell, quien conoció de primera mano la táctica de Moncloa para usar a los Ministerios como colectores de argumentos de ataque especialmente al PP.

El correo de Exteriores fue enviado desde la cuenta oficial del gabinete de una de las secretarías de Estado a directores generales del Ministerio; el cual con fecha de entrega y revisión ordenaba redactar iniciativas parlamentarias para ser presentadas en febrero próximo durante el nuevo periodo de sesiones.

Es decir, que los empleados públicos de Exteriores debían trabajar para el PSOE desde el Ejecutivo. El e-mail que fue reenviado a subdirectores y sus respectivas unidades caló en el malestar del personal.

Cabe hacer notar que el Gobierno elabora los proyectos de ley, mientras las mociones y proposiciones no de ley son medidas políticas creadas por el Grupo Parlamentario que son  usadas para la formulación de propuestas al Gobierno.

Aunque es común que desde los Ministerios se presente alguna iniciativa que favorezca al Gobierno, no es lógico que redacten las medidas del partido los cargos no políticos del Ejecutivo. Mientras tanto Pedro Sánchez fue acusado por Pablo Casado de hacer una campaña sucia contra el PP; pues todo sería distinto si el texto lo hubiese redactado un asesor del Grupo Parlamentario Socialista.

La oposición sospecha que esta guerra sucia contra el PP y el partido Ciudadanos desde el Gobierno, comenzó cuando ambos partidos criticaron el presunto uso de las instituciones por parte del presidente Sánchez en los resultados del barómetro del CIS de Tezanos, la convalidación en la Diputación Permanente del Congreso de decretos reales, las diatribas hacia los rivales del PSOE en la rueda de prensa del Consejo de Ministros o los juicios sobre Felipe VI que hizo Sánchez en su polémico libro.

El Partido Popular exigió la dimisión tanto de Iván Redondo, director del gabinete como de Andrea Gavela y pidió explicaciones al presidente de Estado, Pedro Sánchez sobre lo sucedido.

Por su parte, Dolors Montserrat portavoz del Grupo Parlamentario Popular, considera que el PSOE quiere aprovechar a los Ministerios para emplearlos como instrumentos de ataque al PP y lo más delicado de la situación, que todo pagado con los impuestos de los habitantes de la nación española.