El plazo para recuperar las viviendas ocupadas de forma ilegal ha disminuido favorablemente de 2 años a 15 a 60 días en promedio.

Una vez se produce la denuncia ante la autoridad competente, comienza el tiempo de recuperación de las viviendas ocupadas; datos que ha suministrado Concepción Dancausa en la reunión que sostuvo para tratar el tema de las ocupaciones ilegales, que contó con la participación de directivos de la Federación de Municipios de Madrid, Guillermo Hita de la FMM y miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional.

Dancausa destacó que parte de las acciones que ha llevado adelante el Gobierno para proteger el derecho a vivienda de los más vulnerables, han pasado por la aprobación de dos importantes decretos, el Real Decreto 6-2012 por medio del que se suspendieron por dos años los desahucios a familias propensas a ser excluidas y el Real Decreto 27-2012, que entre otras reforzaba las medidas para proteger a los deudores hipotecarios sin recursos; adicionalmente se constituyó un Fondo Social de Viviendas en Alquiler bajo el cual se han amparado más de 4.000 familias.

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También en el marco del Plan Estatal de Viviendas, unas 70 mil familias reciben ayuda para el pago de sus hipotecas, más de 100 mil para alquiler y se busca ampliar su margen de acción que le permita atender las ocupaciones ilegales de viviendas vacías, adhiriéndose a un programa dirigido a la atención oportuna de grupos vulnerables.

Dancausa se ha focalizado en la problemática que va descendiendo y que está relacionada con las ocupaciones ilegales, donde solo en Madrid se han contabilizado 3.994 viviendas ocupadas ilegalmente a fecha de hoy. Prueba de ello es la creación y puesta en funcionamiento en Abril del pasado año del coordinador de la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas y de la incentivación a denunciar con prontitud en las comisarías con la premisa de actuar mediante juicios rápidos.

A partir del inicio de actividades del coordinador, se ha marcado una gran diferencia en los plazos que transcurren entre que el propietario denuncia a las autoridades y la recuperación del inmueble ocupado ilegalmente, pasando de 2 años a máximo 60 días.

Por medio de la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas, se ha podido saber que solo el 25% de estos ocupantes obedecen a razones de índole social, así mismo y de los 3.731 identificados como invasores de las propiedades desocupadas, más del 50% tienen antecedentes, un 84% son extranjeros procedentes de Rumania, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Marruecos y un 30% se encuentra en status irregular.

Concepción Dancausa ha hecho énfasis en la importancia de que los propietarios denuncien las ocupaciones a la mayor brevedad, mientras más pronto se ataque el problema más fácil será resolverlo.