Cuando trabajó como juez, la orden era que los investigadores no rindieran a sus superiores detalles de los casos. Los reportes eran directamente al juzgado.

Es por esto que muchos se preguntan la razón por la que Fernando Grande- Marlaska, hoy el titular del Ministerio de Interior y quien defendió el hecho de que los investigadores no tuvieran a sus superiores, al corriente de lo que ocurría en los juzgados, hoy muestra una posición absolutamente contraria.

Cuando se produjo el soplo a los terroristas de la ETA en el 2006, Marlaska trabajaba como juez a cargo de la Audiencia Nacional y fue precisamente a partir de la fallida operación, que se incluyó en los folios del sumario del caso “faisán” la orden del magistrado de que Guardias civiles y Policías Nacionales, tenían que reportarle directamente y no a sus superiores.

En la designación de los investigadores por parte de Marlaska, se dejó constancia de que los mismos quedaban facultados para informar los avances de la investigación, directo al juzgado a cargo y que al mismo tiempo debían abstenerse de proporcionar información alguna a sus superiores.

Por consiguiente esta orden incidió directamente en el coronel jefe del servicio de información de la Guardia Civil y al comisario general de Información de la Policía Nacional.

Ambos debían mantener total reserva respecto a la investigación. No actuó de manera errada en aquel entonces Marlaska, quien sospechaba que el soplo vendría de las mismas fuerzas policiales.

Justamente de allí provino la fuga de información y lógicamente la orden del magistrado, solo era un recordatorio del deber que tienen los agentes de ser totalmente reservados, respecto a las investigaciones que llevan adelante tutelada por un juez, en espacial los que se desempeñan como Policía Judicial.

Lo establece la ley de regulación de la Policía Judicial, específicamente en su artículo 15, que señala que “se debe guardar estricta reserva de evolución y resultados, de la investigaciones que les han sido designadas”.

La información hacia los superiores debe ser limitada y exclusivamente dentro de la unidad orgánica de la Policía Judicial, de igual forma se permite intercambiar información internamente si permite una mejor coordinación y siempre, que no exista impedimento expreso del Fiscal o juez competente.

Todo esto lleva a preguntarse, si la petición de una copia del informe que se ha remitido al juzgado 51 de Madrid, referente a la investigación de la actuación de las autoridades a pocos días de la entrada en vigor del estado de alarma, que hiciera el titular del ministerio de Interior (Marlaska) o algún allegado a su entorno, ¿no es incurrir en una ilegalidad?