En las elecciones autonómicas celebradas en Madrid en Mayo del 2011, Esperanza Aguirre alcanzó una victoria contundente, siendo la máxima de su carrera política, elevando considerablemente la representación  del P.P en la Asamblea de Madrid.

En esa oportunidad Aguirre ostentaba el cargo de Presidenta de Madrid y participó en aquellos comicios con un sólido respaldo desde el punto de vista  económico. De acuerdo con informe de la guardia Civil, se reveló que el PP regional utilizó en dichas elecciones la suma de 6.2 millones de euros, duplicando de esta manera lo legalmente establecido.

De esta cifra al menos 1.25 millones de euros proceden de la caja b, administrada por el entonces gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez y que a su vez se fortalecía con fondos aportados por Francisco Granados.

El mismo informe entregado al Juez Instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón, revela que este excesivo financiamiento se realizó a través de falsa facturación, mediante alteración de fechas de ejecución de trabajos, de forma tal que eran asignados a diferentes períodos ordinarios, gastos que realmente iban dirigidos a la campaña electoral.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la guardia civil emana un nuevo documento, que complementa al ya entregado al Magistrado en fecha febrero del 2017, contentivo de los gastos electorales del PP madrileño en los comicios autonómicos, correspondientes a los años 2007-2011.

En las generales del 2008 y al igual que el anterior informe, responsabilizan a Beltrán Gutiérrez por las malas prácticas y artimañas para favorecer al partido con una superioridad financiera en los comicios.

Los investigadores han determinado que el estallido del caso Gurtel, en febrero del 2009, alertó a los responsables del PP, asumiendo medidas de seguridad, destruyendo pruebas, por lo que deducen son las razones por las cuales, en la intervención de los archivos de Gutiérrez por las elecciones del 2011 fueron menos las evidencias encontradas.

La Fundación Fundescam y con vinculaciones al PP, también figura en el informe policial, que señala que al menos 109.827 euros fueron desviados con fines electorales y destinados a encuestas y sondeos, un dinero que provenía de una subvención concedida a dicha fundación.

En el mismo informe figura la empresa el Laboratorio de Almagro, que supuestamente elaboró falsas facturas por un total de 1.16 millones de euros, además de crear una trama de facturación con el propósito de evadir el pago de impuestos.

Los procedimientos irregulares destinados al financiamiento del PP madrileño para la campaña electoral de hace 8 años quedaron consignados en documento de Beltrán Gutiérrez, quien identificó con la letra “a” los abonos desde la cuenta corriente, creada para el período de campaña, como lo establece la Ley de financiamiento de partidos.