El Comité de los Derechos del Niño de la ONU le pide a España que proteja a un adolescente camerunés, huyendo de un matrimonio forzado, declarado adulto y expulsado del sistema de protección infantil Ibérica.

Esta es la historia de Saida, un nombre ficticio, asistida legalmente por la Fundación Raíces que presentó su caso ante el Comité de la ONU, ya que la niña corre el riesgo de terminar abandonada en la calle.

“Cuando llegó al aeropuerto de Barajas hace un año y medio, Saida ya tenía 15 años y tenía la posibilidad de buscar asilo y trasladarse a un centro de recepción”, explica la portavoz de la Fundación Raisers, Lourdes Reyzabal.

Saida había huido de su país gracias a la ayuda de una madrina, Por no tener que casarse con una persona mayor, algo que fue impuesto por sus padres.

A pesar de esto y como todos los migrantes de origen subsahariano, después de tres meses compareció ante el fiscal de menores, donde un médico forense y el fiscal determinaron que era mayor de edad, a pesar de la evidencia radiográfica de la mano izquierda y la radiografía panorámica del arco dental.

Después del decreto que la declaró mayor de edad, Saida fue expulsada del albergue para menores de edad, donde vivía en Madrid. Terminado en la calle, la menor de Camerún logró obtener la asistencia de una ONG para refugiados, pero solo para conseguir alojamiento como refugiada.

La alternativa que se le da es terminar debajo de un puente o en un refugio de emergencia para adultos, con el alto riesgo de daños irreparables al frágil equilibrio psicológico de un adolescente ya vulnerable, como víctima de abuso en la familia.

Su caso llevado ante la justicia en 2017 y después de una primera sentencia en la disputa administrativa y un segundo grado ante la Audiencia Provincial en Madrid, ha estado esperando una decisión ante el Tribunal Constitucional durante tres meses.

La Fundación que recibió su asistencia judicial, había pedido como medida de precaución la entrada temporal del joven en el sistema de protección de menores, hasta que finalice el proceso judicial.

Pero los retrasos en la aceptación de la medida llevó a los abogados que asisten a Saida a apelar ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, para evitar que la niña camerunesa vuelva a terminar en la calle.

Ahora corresponde a la Región de Madrid ordenar la protección de la niña

Sin embargo todavía no lo ha hecho. “Si España es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño, no puede dejar de adoptar la Convención y evitar las medidas establecidas por el Comité de la ONU”, dijo el portavoz de la Fundación Raíces.

La historia de Saida es similar a la de Shamira, una adolescente marroquí que huye de la pobreza, que llegó en un barco hace dos años a las orillas de Cádiz y por el cual un tribunal impuso a la Comunidad de Madrid la readmisión a un centro de acogida para menores.