Antes de ponerla en marcha inclusive con el reglamento ya aprobado, la Oficina Antifraude del Ayuntamiento madrileño ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Esta oficina Antifraude y contra la Corrupción estaría a cargo de investigar hasta comprobar la veracidad de los casos de corrupción y justo esto es lo que TSJM ha considerado una atribución de competencias que le corresponden ya a otros órganos y por consiguiente, decide anular de forma cautelar tales funciones.

El nombre del director del por ahora fallido órgano, es Carlos Granados (Magistrado) y la creación del mismo es parte del acuerdo entre Ahora Madrid y el Psoe que llevó a Carmena al Ayuntamiento de Madrid; ambos partidos acordaron el nombramiento de Granados.

El trabajo de este nuevo órgano ha sido considerado una invasión de competencias de otros que ya cumplen esas funciones dentro del mismo Ayuntamiento, en consecuencia se arriesgaría el correcto funcionamiento de estos, ocasionando distorsiones en los resultados y extrema incertidumbre en el ámbito jurídico; incluso arriesgaría justo la persecución y castigo de las conductas que merecen castigo tanto de índole penal como administrativo.

El jefe de la Oficina Antifraude amenaza a los partidos tras la filtración

Esto entre otras cosas está comprendido en el auto del TSJM del pasado mes de Julio, donde no dejan de reconocer que la iniciativa es por demás plausible.

Esta anulación obedece a un recurso interpuesto en marzo por la Delegación de Gobierno, mediante el que hacían oposición a la creación de la oficina porque había riesgo de que se transgredieran una serie de artículos de la Constitución y de un total de 6 leyes; el TSJM consideró una alta posibilidad de que esto sea así y mientras hacía una exhaustiva investigación del tema, procedió a dictar las medidas cautelares, en específico los apartados y los posibles casos de uso de fondos públicos de forma irregular, al igual que el destino de los mismos.

Por su parte el Ayuntamiento ha decidido recurrir y establecerán las medidas necesarias para prevenir hechos de corrupción, afirman que el auto no profundiza en el tema y que se centra solo en medidas cautelares; así mismo, el director de la oficina será el magistrado Carlos Granados, a quien describe Purificación Causapié como una persona de amplia experiencia y profesionalidad comprobada que seguro hará un buen trabajo.

Pero tal nombramiento no cuenta con la aprobación de Ciudadanos y PP, ya que manifiestan que el mismo se debió someter a la votación del Pleno y debió contar con los dos tercios en mayoría como mínimo, cosa que no ocurrió.