La fiscalía por parte del tribunal ha respaldado la admisión de una medida preventiva que ha solicitado Quim Torra, quien es presidente en la Generalitat, en contra del acuerdo hacia la Junta Electoral Central que ha acordado una retirada en su credencial de diputado en el Parlament.

Esto al ser considerado inhabilitado, debido a que fue condenado por parte del Tribunal Supremo para la Justicia en Cataluña (conocido por las siglas TSJC), ya que se ha negado a retirar todos los lazos de amarillo en edificaciones públicas en la Generalitat dentro del periodo Electoral.

Por lo tanto, Torra ha sido condenado en el mes de diciembre con un año y medio estando inhabilitado para su cargo público a causa de dicho delito de desobediencia frente a una sentencia que no ha sido firme.

La inhabilitación que se le ha colocado a Quin Torra había sido acordada por el hecho de aplicar el artículo número 6.2, en el apartado b, dentro de la ley electoral en la cual  se establece que los condenados por una sentencia son intangibles, a pesar de que no sean firmes, debido a delitos referentes a una rebelión, también de terrorismo, en contra de la administración pública o en contra de las instituciones del estado.

El día más largo en un Parlamento decidido a cambiar la historia de Cataluña

De igual manera, el fiscal ha abordado que las alegaciones referentes a la complejidad que posee el debate jurídico que surgió acerca de lo competente que es la Junta Electoral o no para poder inhabilitar a Quim Torra a así llegar a concluir que es conveniente detener dicha ejecución dentro del acuerdo para que sea ajustado a un propósito legal como medida preventiva.

Pedro Crespo ha manifestado que el interés de manera pública que es inherente con respecto al cumplimiento en la ley electoral, que de una forma nítida y al mismo tiempo concreto, ha pretendido una exclusión dentro de la actividad pública de aquellas personas que han sido condenadas en dicha sede penal por ciertas conductas que no son ejemplares.

Se ha contrapuesto hacia el interés público, de preservar de manera simultánea la relación que se tiene de representar la política que define el sistema democrático al igual que la división de manera constitucional en los poderes, donde se encuentra incluido el hecho de salvaguardad la potestad parlamentaria, que se atribuye exclusivamente y que excluye en la misma constitución y en los estatutos de la autonomía a las asambleas parlamentarias que pertenecen a las comunidades que son autónomas, donde se encuentra incluido en Parlamento de Cataluña.

Así pues, el Ministerio Público ha considerado que se puede asumir la pretensión en la defensa hacia el presidente en la Generalitat de detener el acuerdo en la Junta Electoral una vez que la sección cuarta dentro de la sala tercera haya dictado una sentencia hacia dicho asunto.