El pasado mes de julio de 2017 fue recibido por un rotundo acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid, BBVA y ADIF, una noticia que fue presentada en los titulares como el lanzamiento final de la conocida operación «Chamartín».

Tras meses de enorme secreto, todos los madrileños y madrileñas (además de los muchos asesores gubernamentales), sabíamos que la operación estaba aprobada. A medida que se conocieron los detalles, se identificaron tres problemas.

En primer lugar, hubo un amplio consenso político compartido por todos los grupos, un consenso aún mayor que el alcanzado por Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón. En segundo lugar, «Madrid Nuevo Norte«, el nombre del plan reiniciado, cayó como un vaso de agua fría en todo el campo del urbanismo crítico de la ciudad, así como un gran número de movimientos sociales.

La Federación de asociaciones de vecinos, ecologistas en acción y todos los colectivos locales, así como prestigiosos urbanistas como Félix Arias, Eduardo Mangada y Paco López Groh, ya han demostrado su lado crítico. Por último, el nuevo proyecto ha dejado una gran parte del gobierno de Ahora Madrid, que ha señalado con razón una flagrante falta de cumplimiento de la agenda política de 2015, en un estado de ánimo asombroso.

Madrid y la Operación Chamartín

La escala de la operación es preocupante, ya que el proyecto abarca más de 2,8 millones de metros cuadrados divididos en cinco zonas y un tramo de 3,5 km de zona urbana al norte.

También estamos hablando de una nueva población residente de 27.000 habitantes y 16.000 espacios privados para nuevos vehículos en un entorno ya saturado, el que rodea el Nodo Norte y los defensores del proyecto han puesto rápidamente sus ojos en el hecho de que se construirán más de 4.000 viviendas sociales en la región. Sin embargo, su análisis no ha prestado atención a los problemas medioambientales, de movilidad y de infraestructuras públicas, ni al desequilibrio territorial que esta operación supone para el conjunto de Madrid.

Tampoco se ha hecho mención alguna de las ganancias de capital y los beneficios económicos que esta intervención faraónica puede producir, con la circunstancia agravante de que más del 80% de las tierras en las que intervenimos son tierras de la Corona. Entre los bienes públicos incluidos en el ámbito de aplicación de Madrid, Nuevo Norte incluye no sólo los terrenos pertenecientes a Adif (antiguamente Renfe), sino también el depósito de EMT y determinadas parcelas del Canal de Isabel II.

La pérdida de activos públicos en beneficio privado se extendió rápidamente a los mercados y es que poco antes del anuncio del acuerdo, la Constructora San José y responsable de la ejecución de las obras, irrumpió en la bolsa de valores, pero mientras el debate se centraba en la construcción de viviendas sociales subvencionadas, todos los expertos urbanistas madrileños empezaron a dibujar las cifras sobre la pelota real. La fuerza motriz detrás de toda la operación es el Centro de Negocios.

En total, más de 1,7 millones de metros cuadrados de la operación se dedicarán a usos terciarios.