La asociación civil Millán Astray, defensora de la memoria de su fundador, ha introducido ante el Tribunal de Cuentas, una acusación contra el Ayuntamiento de Madrid por supuestas irregularidades en la administración de fondos de la Memoria Histórica y por el renombre de las calles que tienen reseñas franquistas, que apuntan a una supuesta malversación de caudales públicos.

El documento presentado por la plataforma, se apoya en presuntas incongruencias en los gastos, la falta de fiscalización por parte del Servicio de Intervención del Consistorio, el desconocimiento en la imputación de las partidas presupuestarias, el registro contable de las dietas y los gastos de los miembros del Comisionado de la Memoria Histórica, el coste diferente de las nuevas placas y de señalización informativa que varía entre 100 y 250 euros.

En su escrito, destaca que el Ayuntamiento ha justificado la adquisición de las nuevas placas a cuenta de un contrato suscrito en 2013, lo que consideran improbable puesto que en esa fecha no había Memoria Histórica ni el ayuntamiento estaba presidido por Ahora Madrid.

La plataforma dice no comprender el manejo por parte del Ayuntamiento de la nómina del personal de confianza. Según indican, Ahora Madrid les exige dispensar una parte de su remuneración a proyectos sociales, sin publicitar tales donaciones, considerándolo un procedimiento ilegal de donaciones para el mismo partido que representa a su vez. Añadieron un enlace que muestra información con más de un año de desactualización.

La A.C Millán Astray, denuncia al Ayuntamiento madrileño por presuntas irregularidades en la Memoria Histórica

La denuncia se introduce 15 días después de que se diera a conocer el gasto del Ayuntamiento por concepto del cambio de calles, tras la solicitud de información realizado por la plataforma, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento.

En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid ha incurrido en un gasto total de 114.683,36 euros, incluido el IVA, para ejecutar la Ley de Memoria Histórica.

En el mismo orden de ideas, la denuncia presentada ante el órgano fiscal, también incluye información sobre supuestas irregularidades de un convenio suscrito entre la empresa municipal Madrid Destino y la presidenta del Comisionado de la Memoria Histórica, Paca Sauquillo. Aparentemente, se ha cometido un conflicto de interés entre las dos partes, por lo que es ilegal que la presidenta perciba pagos de manera indirecta por parte del Consistorio, por los servicios de asesoramiento de su equipo de abogados.

En resumidas cuentas, la plataforma solicita al Tribunal la investigación de las cuentas y de la gestión económica. Así mismo, que se determine la suma total del presunto despilfarro infringido por el equipo de gobierno de Manuela Carmena.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento han informado que todavía no se les ha notificado la denuncia, la cual consideran completamente improcedente y esperan que el Tribunal la declare inadmisible.