Como consecuencia de la querella presentada el 17 de abril por la catedrática de Derecho Constitucional Ángela Figueruelo, por la falsificación de su firma en el acta de convalidación de la nota del máster de la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes. El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid comenzó las diligencias correspondientes para la investigación del polémico caso.

La primera medida ha sido citar como imputado al director del máster, Enrique Álvarez Conde, quien deberá comparecer el próximo 6 de junio para declarar. También citó a doce testigos, los profesores Clara Souto, Alfredo Allué, Laura Nuño, y otros nueve alumnos del citado máster.

La Fiscalía de Área de Móstoles, ha remitido a este juzgado, las diligencias de investigación penal abiertas desde las primeras denuncias presentadas en relación con el máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), por presuntas alteraciones materiales de los documentos, actas y expedientes en el curso del Instituto de Derecho Público.

El juzgado investiga el caso del Máster de Cifuentes

La magistrada del juzgado Carmen Rodríguez Medel, admitió la querella a pesar de que la falsedad no es un delito atribuible a personas jurídicas, pero si, a cualquier persona que haya participado en los hechos denunciados.

Además, ha solicitado al Instituto Universitario de Derecho Público de la URJC, que antes del 5 de junio, le envíen los originales de las actas del 24 de mayo del 2012, de la reunión de la Comisión de Garantías de Calidad del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico, para la convalidación de las tres asignaturas.

De igual forma, solicitó la documentación administrativa correspondiente a la participación de Figueruelo, en el máster del curso 2011-2012, así como el listado de alumnos que lo hicieron y el expediente académico de todos ellos, entre los que está la ex presidenta madrileña.

Las diligencias de investigación penal fueron acumuladas por la Fiscalía de Área de Móstoles, poco después de ser presentadas ante el fiscal por un grupo de alumnos y por el mismo rectorado. Ahora las han remitido al juzgado número 51 de Madrid, en el que ya se había admitido a trámite una querella por hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de falsedad documental, presuntamente cometidos en el Instituto de Derecho Público de Vicálvaro, subordinada del URJC.

El fiscal considera que los hechos investigados en el juzgado pueden tener relación de identidad, por lo que se deben investigar conjuntamente, ya que de la investigación realizada hasta ahora por la fiscalía, en la localidad madrileña donde la universidad tiene la su sede, no se ha podido determinar de manera “concluyente” el lugar de comisión del delito. Es decir, no se excluye la posibilidad de que se pudo haber cometido en la sede del Instituto de Derecho Público, en el barrio madrileño de Vicálvaro.