La consulta independentista que pretende llevar adelante la Generalitat el próximo 1-O ha sido arruinada con todos los recursos legales que el Gobierno español tiene a la mano Y con la finalidad de impedir su realización.

Es así como queda totalmente anulada la estructura legislativa con la que la Generalitat y sus fuerzas de apoyo tenían pensado dar cobertura al referéndum del 1-O y acto seguido al proceso de separación del estado; ya de antemano el Gobierno de España venía trabajando en ello y advirtiendo a los impulsores del proceso independentista su determinación de impedir que este se lleve a término.

Ya en marcha las acciones judiciales, el Gobierno pone en marcha una nueva etapa que apunta a otras medidas complementarias, como impedir que se utilicen colegios en este proceso ilegal, la instalación de urnas y mesas electorales y todo proceso conexo con el 1-O; el fin de Rajoy es evitar a toda costa que se repita la farsa del pasado 9-N ya que nuevamente la Generalitat pretende mostrar al mundo que se trata de un proceso legal, cuando en realidad.

rajoy quiere impedir el 1-0

Esta vez el Estado se encuentra muy bien preparado, se han realizado trabajo de inteligencia con mucha anticipación dado la alerta que generó el movimiento independentista cuando dio indicios de internacionalizar su conflicto al tratar de conseguir apoyo de países extranjeros a sus formulaciones de autodeterminación; estos trabajos se focalizaron en constatar que las supuestas 6.000 urnas de votación y que afirmó tener Puigdemont, en efecto no existen.

Ahora bien, el CNI tiene claro que el Govern si cuenta con un número inferior de urnas de las que se utilizaron en el proceso del 9-N y las mismas están debidamente localizadas.

Los Mossos, Policía y la Guardia Civil ya tienen órdenes de la Fiscalía de retirar en el momento oportuno toda urna que se instale, así como cuadernillos, papeletas y material electoral presente, bajo la premisa de que sin urnas no hay consulta.

Así mismo han sido debidamente apercibidos con las correspondientes garantías de protección bajo la ley, los funcionarios, más de 600 alcaldes entre otros cargos políticos y directores de institutos y colegios públicos, que en caso de que se prestasen a colaborar en el 1-O estarían incurriendo en un acto a todas luces ilegal.

En el mismo orden de ideas, Rajoy envió mensaje a los catalanes a no atender a las citaciones de formar parte de las mesas electorales, dado que se trata de un acto anulado por el Tribunal Constitucional.

El día de ayer la Guardia Civil ejecutó la orden de clausura de la página web que promociona el 1-O y se espera que otras medidas puedan sumarse a las ya mencionadas, pudiendo incluir cortes del suministro eléctrico y a las conexiones a la red.