En febrero de 2017, la Audiencia Provincial de Palma dictó sentencia sobre el caso Nóos, absolviendo a la infanta Cristina pero condenando a su marido, Iñaki Urdangarin, a seis años y tres meses de prisión.

Siete meses después, la defensa envió un recurso de anulación al Tribunal Supremo solicitando la absolución de este.

A este respecto, la Fiscalía del Tribunal Supremo se pronunció a través de un escrito donde se opone al recurso interpuesto por Iñaki Urdangarin, en el cual precisó que se ha aprovechado la preeminencia de los vínculos matrimoniales para obtener un beneficio económico ilegítimo, manteniendo la pena solicitada de 10 años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales.

La Fiscalía en el escrito desmintió que Urdangarin sea un mediador sin conocimientos en derecho administrativo, ya que él se dirigió en ese entonces al presidente del gobierno balear Jaume Matas, buscando asesoría al máximo nivel para garantizar el resultado de su gestión, ejerciendo presión sobre sus contactos para conseguir contratos millonarios a través de Nóos.

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Añade que el esposo de la Infanta Cristina necesitó de la ayuda de otras personas que por complacencia se dejaron influenciar, disfrazando de legalidad sus pretensiones, eligiendo un camino que no se apega a las leyes. De esta manera logró varios contratos públicos y la realización de los eventos denominados Illes Balears Fórum 2005 y 2006, por las que percibió alrededor de 2 millones de euros, prescindiendo de la tramitación legal correspondiente y bajo una modalidad de contratación directa, evadiendo conscientemente la ley al aportar presupuestos ficticios de empresas que no se dedicaban a la actividad contratada.

El escrito indica que Urdangarin “no sólo parte de la iniciativa y la búsqueda de caminos indirectos e ilegítimos para conseguir los contratos que propuso”, sino que su “coautoría” en los delitos por los que ya fue condenado “va más allá de la mera inducción inicial, deviniendo una cooperación necesaria en la secuencia de los actos”. A su vez considera que Urdangarin y su ex socio Diego Torres pusieron en marcha “el engranaje delictivo con aportaciones imprescindibles en la consumación de cada uno de los negocios jurídicos celebrados, partiendo de la aportación de presupuestos simulados, la aportación de facturas e incluso al incumplimiento mínimo de lo comprometido”.

En definitiva recalca la Fiscalía, que incluso el propio testimonio de Jaune Matas confirma estas prácticas delictivas, de que estuvo dispuesto a contratar, sin sometimiento a procedimiento ni trámite administrativo previo, aprovechándose de sus relaciones familiares, que lo situaban en un lugar privilegiado institucionalmente. Todo esto “sin mediar estudio alguno de viabilidad previa económica ni tampoco barajar otras posibilidades”.