Agentes de la Policía Federal (PF) brasileña han arrestado en Sao Paulo, al terrorista español de extrema derecha Carlos García Juliá, quien tenía una orden de búsqueda y captura internacional por haber participado en la matanza de los abogados laboralistas del despacho de Atocha en 1977.

Hace 41 años, García Julia fue sentenciado a 193 años de cárcel por el atentado en Madrid. La PF trabajó en colaboración con Interpol para interceptar al criminal.

El PF informó que Julia de 63 años de edad residía en Brasil con una identidad falsa por lo que se comenzó la investigación de su destino más tarde, en consecuencia fue identificado y arrestado  el 5 de diciembre en Sao Paulo.

Agentes de la Policía Nacional se han desplazado a Brasil para tramitar la extradición del terrorista español que actualmente está bajo la custodia de la Policía Federal. El superintendente del órgano, hará este viernes una rueda de prensa conjunta con la policía española que han participado en la operación, para suministrar más detalles sobre la captura y la posible extradición.

García Julia, quien estaba vinculado a la Falange y algunos grupos de ultraderecha, había sido un fugitivo de la justicia española desde 1994, cuando después de cumplir 14 años en prisión, fue liberado y huyó a Paraguay.

La decisión de liberarlo fue anulada poco tiempo después y la justicia española exigió su regreso inmediato para cumplir el resto de la condena, pero el ultraderechista había desaparecido sin dejar rastro.

El 24 de enero de 1977, García Julia y José Fernández Cerra, entraron en la oficina del bufete de abogados en el barrio de Atocha en Madrid y comenzaron a disparar.

Los abogados Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo y Luis Javier Benavides, el estudiante Serafín Holgado y el administrador de la oficina Ángel Rodríguez murieron en el ataque, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas de gravedad.

El atentado fue cometido seis meses antes de las primeras elecciones desde que volvió a instaurarse la democracia tras la dictadura franquista, lo que conmocionó al país entero.

Al entierro de las víctimas, organizado por el Partido Comunista de España (PCE), asistieron más de 100.000 personas. Esta fue la primera manifestación multitudinaria de la izquierda después de la muerte del dictador Franco.

En 2017 la Audiencia Nacional Española presentó ante el Ministerio de Justicia de Brasil la solicitud de extradición de Julia que había previamente consignada al gobierno boliviano, ya que era allí donde se sospechaba que el terrorista se había escondido.

El director de la Fundación Abogados de Atocha, Francisco Naranjo, exigió que el terrorista termine de cumplir lo que le resta de los 193 años de sentencia en la cárcel española y cuestionó el interés de la justicia española en aprehenderlo.