La limitación o bloqueo del uso de las tarjetas de crédito de los altos cargos de la Generalitat, es otra de las medidas que ha asumido el Ministerio de Hacienda en pro de hacer más pequeño el cerco.

La decisión de esta y otras medidas que debe asumir Montoro, quien es ministro de Hacienda, se tomaron en el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes de la cual también se desprende la obligatoriedad de que la Generalitat presente un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria a más tardar este martes.

Esta última medida pretende ejercer un control sobre cualquier desembolso de dinero, evitando que surjan nuevos gastos que no estén relacionados con los servicios esenciales sino que sean desviados a gastos superfluos e innecesarios como la compra de ordenadores, reparaciones no urgentes, etc., así que podemos decir que continúan las medidas de Hacienda para cercar a la Generalitat, limitando el uso de las tarjetas de crédito de los altos cargos.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompañado por el vicepresidente Oriol Junquera

Para asegurarse de que se cumpla la medida de restricción de uso de las tarjetas de crédito de los altos cargos, Hacienda se reunió con la banca relacionada con la Generalitat y con la Asociación Española de Banca y Confederación Española de Cajas de Ahorro, para explicarles bajo que conceptos pueden atender los gastos y solicitar su apoyo en consecuencia, ya que sobre estas entidades queda la responsabilidad de no liberar dinero.

Al aplicar esta medida será posible conocer los gastos en los que se ha incurrido en el transcurso de este mes mediante las tarjetas de los altos cargos, así mismo se evitará que los diputados de Cataluña se desplacen usando el dinero público, para acudir a los actos ilegales provenientes de la convocatoria del 1- O.

En adelante, la Generalitat está en la obligación de notificar al Ministerio de Hacienda sobre los gastos por concepto de nómina de los empleados públicos y de sanidad, así como las obligaciones contraídas con proveedores, ya que es el Ministerio el encargado de realizar los pagos correspondientes a fin de controlar muy de cerca las finanzas catalanas sin que la economía se paralice.

Según la orden que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado, es responsabilidad del interventor general de la Comunidad Autónoma de Cataluña, informar al Ministerio de Hacienda mínimo una vez al mes la lista de acreedores con los que se han adquirido obligaciones que estén pendientes de pago; la comunicación requiere estar firmada por el interventor debidamente acompañada del certificado de que esta está bajo el cumplimiento de lo acordado y que no se está financiando ninguna actividad ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales.

Una vez que se cumplan estos requisitos, los pagos serán realizados por la Secretaría  General del Tesoro y Política Financiera.