Cuántas veces no han surgido diferentes denuncias por actos de corrupción que se hacen en las altas esferas políticas. Sin embargo en este momento no fue en los altos cargos sino en los comicios para alcaldes y concejales, los primeros niveles para los funcionarios. Así lo señalaron varios concejales del partido Ciudadanos, que después de percatarse de la financiación ilegal, decidieron dar un paso al costado o fueron expulsados antes de tiempo.

La metodología

Se trató de que cada candidato que quería estar en la lista oficial que iba al  órgano rector debía hacer un pago dependiendo del cargo al que aspiraba. Esto se hizo en varios municipios de la comunidad madrileña. La cantidad que se exigía era dependiendo de la población que vivía en la jurisdicción. Fue así como lograron financiar todos los gastos electorales y lograr los resultados que dieron en su momento.

Horacio Rico, Edil de Alcobendas señaló a un medio de comunicación que tuvo que dar 2.500 euros para asegurar su nombre en la lista que lo acredita como candidato a los próximos comicios.  Y así otros colegas que han anunciado la misma metodología. La pregunta que se puede venir al caso es que sabiendo esto, ¿cómo lo permitían? Aparentemente ellos no tenían información sobre el destino de esos fondos, ya que de lo contrario habrían renunciado al partido.

Por su parte Ciudadanos señaló en un comunicado que en el 2015 hizo todo dentro del marco legal y lo que establecen las normativas electorales españolas. A su juicio no hubo ninguna novedad en el proceso de elección de candidatos y desvío de fondos sospechosos. Según un documento oficial al que tuvo acceso un reconocido medio de comunicación, se nota com funcionaba el financiamiento, donde de quedar elegido el candidato el dinero nunca lo recuperará puesto que tendría un sueldo del Estado, mientras que aquellos que no salieron victoriosos recibirán cuotas en los próximos 3 años.

Otros implicados

Juan José González, que ahora trabaja como concejal de arroyomolinos, comentó que en efecto pagó la cantidad de 600 euros por el sexto puesto de la lista. Su hija que se situaba en un peldaño superior pagó la suma de 1.200 euros. Todos los funcionarios que en ese momento hicieron los pagos señalan que no tenían ni idea del mecanismo que esta en operación. Pensaban que era para gastos internos de la campaña y que cuando se percataron renunciaron de inmediato.

De ser así es necesario que las autoridades se pongan manos a la obra para determinar el castigo que merece la organización política, ya que cometieron muchísimos delitos que tienen que pagar, además que jugaron con los sentimientos de la población.