Cuando parecía que las aguas se habían calmado un poco en el tema catalán con la promesa de Mariano Rajoy de realizar una inversión de 4.200 millones de euros en obra pública, llega una sentencia del Tribunal Supremo que deja muy tocadas las esperanzas de poder hacer un referéndum. Y es que, la sentencia obliga al gobierno catalán a eliminar cualquier partida presupuestaria que tenga como destino final el proceso de independencia.

Una sentencia es firme y que puede tener graves consecuencias de no ser cumplida. No en vano, no solo puede tener multas económicas con todo lo que eso podría suponer a la maltrecha situación económica de la comunidad sino que al mismo tiempo podría conllevar inhabilitaciones de algunos cargos de manera que no puedan ejercer su posición en un futuro proceso.

No cabe recurso pero sí hay alternativas

A pesar de que no cabe recurso para esta sentencia, lo cierto es que desde el gobierno catalán ya se están planteando algunas posibilidades que resultan muy interesantes desde el punto de vista periodístico. Y es que Oriol Junqueras ya ha deslizado que si bien es cierto que no tienen intención de no cumplir ni acatar la sentencia, aunque por supuesto no la compartan, creen que pueden tirar del fondo de reserva que tienen, y que asciende a 330 millones de euros, para este cometido.

Ahora solo falta por ver hasta qué punto la utilización de este fondo es legal y hasta qué punto esto es denunciable. Más que nada porque parece ser que, independientemente del presupuesto, no se puede destinar un dinero que es público a todo lo que tenga que ver con el proceso de desconexión del estado español.

Habrá que ver qué deciden los tribunales y cómo afecta esto, de nuevo, a las relaciones entre el gobierno central y el catalán.