No era necesario que el Ayuntamiento solicitara un informe a la Asesoría Jurídica, tras haber sido sugerido por el interventor.

La sesión de la comisión de investigación asignada para el caso de Bicimad, realizada este viernes primero de junio, contó con la presencia del interventor delegado en el área de Medio Ambiente y Movilidad, Ángel Calonge, así como del director general de Asesoría Jurídica municipal, Ángel Luis Ortiz.

De acuerdo a lo declarado por el interventor delegado y el director general de Asesoría Jurídica, el equipo de Gobierno de la Alcaldesa de Madrid, no habría solicitado un informe prudencial a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, sobre el acuerdo de cesión de servicios de Bicimad a la Empresa Municipal de Transportes (EMT), a pesar que Calonge se lo había advertido en una nota interna informativa y no vinculante, dos meses después de la firma del referido acuerdo.

El interventor delegado, consideraba que el acuerdo de cesión suponía una “municipalización de hecho”, por lo cual requería un tratamiento diferente y obedecería de otra instancia de aprobación. En tal sentido, debía informar a la Asesoría Jurídica Municipal.

Bicimad Madrid

La sugerencia de Calonge se quedó en el olvido, así como la justificación de los 10,5 millones de euros. Por su parte, Ortiz confirmó que no se le había notificado nada sobre la nota interna, ni encargado un informe al respecto. Tampoco emitió ningún tipo de dictamen relacionado con la remunicipalización de Bicimad.

Sin embargo, los dos funcionarios han manifestado que el Ejecutivo de Ahora Madrid, no precisaba de manera imperativa, tener un informe de la Intervención General ni de la Asesoría Jurídica para concertar la cesión del contrato de Bonopark a la Empresa Municipal de Transportes.

De la misma manera, Calonge ha expresado que contrariamente a que la nota interna suscrita por él correspondía a un expediente diferente al que posteriormente se gestionó, la nota en cuestión debió haber sido respondida en aquella ocasión.

Por otro lado, Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente y Movilidad y presidenta de EMT, ha asegurado que tras la nota de Calonge, la empresa Bonopark solicita nuevamente la aprobación de la cesión del contrato al Consistorio, por lo que se procedió a instruir un nuevo expediente, cumpliendo con todo los requisitos requeridos según la Ley de Contratos. Además, días previos a la formalización del contrato de Bicimad en septiembre de 2016, hubo un cambio de la interventora General, Beatriz Vigo Martín, por María José Morizón, quien aprobó  toda la operación de cesión.

A requerimiento del PSOE, el próximo funcionario que le tocaba presentarse ese mismo día ante la Comisión de investigación, sería Federico Adrados, Subdirector de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.