El Ayuntamiento de Madrid presentó el jueves ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), un escrito en el que se rechazan las medidas provisionales solicitadas por la Delegación del Gobierno para poner fin a las inversiones financiadas con el resto de la tesorería.

En su carta, la administración local defiende la legalidad de los créditos extraordinarios con los que financió las inversiones en el presupuesto, cuyas partidas fueron congeladas a petición del Ministerio de Hacienda después de que el Consistorio incumpliera la norma de gasto de 233 millones de euros en 2016.

Así, el Consistorio responde al llamamiento del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha solicitado la suspensión de los acuerdos del Pleno municipal para destinar 272 millones de euros a la asfaltación, reforma y rehabilitación de calles y centros municipales de toda la ciudad, ha manifestado el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

El ejecutivo local de Manuela Carmena escribe que tales medidas provisionales irían en detrimento de «los intereses generales, los intereses públicos del Ayuntamiento de Madrid y directamente, los intereses especiales de los beneficiarios de estos importes«.

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Según el Ayuntamiento, ninguno de los argumentos presentados por el abogado del Estado en nombre de la delegación tiene virtualidad jurídica, ya que los 272 millones de euros proceden del saldo de caja de 2016, cuando hubo un superávit de 1.000 millones de euro, y el IFS no cuenta en la regla de gastos, según la disposición adicional sexta de la ley de estabilidad presupuestaria.

Para demostrar la validez de la suspensión de 238 millones de euros del presupuesto del pasado mes de abril, el Consistorio ha adjuntado un certificado a la carta del TSJM. Por otra parte, el gobierno de Mariano Rajoy pide la suspensión de los BPIs, argumentando que estas inversiones son las mismas que las retiradas del presupuesto, interpretación rechazada por el Ayuntamiento.

En opinión del gobierno local, no hay fundamento jurídico para decir que el gasto no puede incrementarse en los capítulos presupuestarios a los que se refieren estos acuerdos de no disponibilidad.

El Consistorio mantiene que las partidas presupuestarias paralizadas por acuerdos de no disponibilidad se refieren a créditos, es decir, cantidades de dinero y no a partidas específicas.